La Asociación Rural del Uruguay (ARU) alertó sobre las consecuencias que pueden tener las restricciones productivas en la cuenca del Santa Lucía y planteó la necesidad de evaluar alternativas al proyecto Casupá, en el marco de una estrategia para sostener el crecimiento del agro.
El planteo fue realizado por el presidente de la gremial, Rafael Ferber, durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), donde remarcó el peso del sector productivo en la economía. Según indicó, el agro representa el 78% de las exportaciones de bienes, con un total de US$ 10.500 millones.
En ese contexto, Ferber sostuvo que el país tiene margen para expandir su producción en unos US$ 2.000 millones adicionales si se orientan adecuadamente los incentivos, promoviendo una mayor intensificación del uso del suelo a través de la forestación, la agricultura y las pasturas mejoradas.
En cuanto a la ganadería, destacó el desempeño del complejo cárnico, que en 2025 alcanzó ingresos por US$ 3.700 millones entre carne, subproductos y animales en pie.
En ese marco, defendió la exportación en pie como un instrumento clave para el mercado, al considerarla un “regulador” que contribuye a la formación de precios y a la competencia.
El foco principal de la preocupación de la gremial está en la cuenca del Santa Lucía, un área de 1,3 millones de hectáreas donde predominan la ganadería y la lechería, y que genera cerca de US$ 1.500 millones, equivalentes al 28% del PIB agropecuario.
Ferber cuestionó las restricciones ambientales asociadas al proyecto Casupá, particularmente las zonas de exclusión de hasta 100 metros sin laboreo ni uso de agroquímicos, así como la limitación a nuevas inversiones en engorde a corral. A su juicio, estas medidas actúan como un desestímulo a la producción y afectan los rendimientos.
En ese sentido, advirtió que una caída de apenas el 10% en la producción de la cuenca implicaría pérdidas del orden de US$ 150 millones.
Como alternativa, la ARU propuso analizar la opción de abastecimiento desde Juan Lacaze, que —según señaló— podría implementarse en un plazo de tres años sin afectar la capacidad productiva de la región. Además, planteó que una mayor actividad permitiría compensar en pocos años el costo de esa infraestructura.
Para la gremial, el desafío pasa por compatibilizar los objetivos ambientales con la necesidad de sostener y expandir la producción, evitando restricciones que limiten el potencial del principal motor exportador del país.
