El agro uruguayo convive desde hace varios años con un problema estructural que no tiene solución sencilla: un tipo de cambio que no acompaña y costos que no bajan. Por tanto, la mejora continua de la productividad ha sido la gran explicación para que uno de los principales motores de la economía uruguaya siga empujando.
En ese contexto, el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida presentado esta semana por cuatro ministerios merece una lectura cuidadosa, ni entusiasta ni descartable.
La iniciativa avanza sobre un conjunto de reformas microeconómicas concretas, algunas de las cuales alcanzan a la producción agropecuaria. La digitalización de la cadena cárnica a través del nuevo Sistema de Registro y Gestión Comercial y Certificación que liderará el INAC, el régimen simplificado para productores familiares que elaboran quesos, chacinados o miel, la extensión de los registros sanitarios de 5 a 10 años o la eliminación de duplicaciones burocráticas son medidas que atacan fricciones reales.
“Desde las gremiales hace 30 años se reclama por la simplificación de trámites”, dijo el ministro Alfredo Fratti durante la presentación de este proyecto. “Eso es menos papeles y menos formularios”. Tiene razón, y eso vale.
Pero no es un shock cambiario, ni es la solución a corto plazo que muchos sectores productivos tienen la expectativa de atacar. En un país donde el tipo de cambio difícilmente se moverá de forma brusca sin costos macroeconómicos importantes, lo que no puede darse por esa vía quizás pueda compensarse, al menos parcialmente, por reformas micro bien diseñadas. El proyecto va en esa dirección.
El problema es en lo que no está. Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas confirmaron a Informe Tardáguila que otros temas, algún más sensibles para el agro, como los costos logísticos (puertos), las tarifas energéticas (electricidad y combustibles) o una reforma laboral, quedarán para una segunda y tercera etapa. Son precisamente factores que también pesan en la ecuación de rentabilidad de un productor que lleva hacienda desde Artigas a Montevideo o que depende del gasoil para cosechar o sembrar un cultivo. Dejarlos afuera de la primera entrega no es un detalle menor.
El sector agropecuario ha sido, como señaló el economista Alfonso Capurro en Experiencias Clipex, “el sector estrella del 2026”.
Pero esa estrella brilla sobre un piso de costos que sigue siendo de los más altos de la región. Cuando los precios internacionales acompañan (como en la carne vacuna y ovina), el negocio funciona. Cuando no, la estructura de costos desnuda toda su fragilidad.
Esta ley no cambiará ese escenario de fondo, pero si las etapas que vienen llegan con contenido real, podría ser el inicio de algo más significativo.
