El exministro y coordinador de la Comisión Interministerial de Riego presentó ante el Senado un plan que combina incentivos fiscales, cambios regulatorios y un programa de fomento multipredial para atraer inversión privada sin desembolso directo del Estado.
Tabaré Aguerre abrió su exposición con un dato que sintetiza la paradoja uruguaya: en el país llueven 1.400 milímetros por año, pero en nueve de cada diez años a los cultivos de verano les falta agua. El suelo funciona como una alcancía que se llena y desborda, pero no puede retener el agua por más de diez días en un período crítico como la floración del maíz.
"Uruguay puede triplicar la producción de maíz y duplicar la de soja poniéndole riego a los cultivos", afirmó.
Hoy, fuera del arroz que opera con riego estructural, solo el 4% de la superficie agrícola cuenta con riego presurizado.
La meta es escalar de las 65.000 a 70.000 hectáreas actuales a 300.000, aunque Aguerre fue enfático: no se trata de hacer inversión pública para que la usen los privados. "Partimos del concepto de que es una actividad rentable y que la multipredialidad requiere apoyo, pero promoviendo la inversión privada", aclaró.
El programa de fomento multipredial
El eje central de la propuesta es el Programa de Fomento de Riego Multipredial, que busca resolver el principal cuello de botella histórico: la dificultad de que vecinos con intereses y plazos distintos se pongan de acuerdo para compartir una fuente de agua.
Las represas individuales, explicó Aguerre, suelen ser las menos eficientes en términos de agua almacenada por metro cúbico de tierra movida, y dejan fuera del acceso al riego a quienes no tienen escala o condiciones topográficas para hacer su propia represa.
El programa incorpora tres instrumentos nuevos. El primero es una reserva de agua de hasta dos años, otorgada por el Ministerio de Ambiente a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que da tiempo para negociar entre inversores, propietarios de tierras a inundar y futuros compradores del servicio de riego, sin que un tercero pueda bloquear el proyecto reclamando los mismos derechos sobre el recurso.
El segundo es un decreto reglamentario de la Ley de Riego Nº 19.553 que permite trasladar los beneficios fiscales excedentes de la sociedad agraria de riego hacia la empresa inversora original, algo que hasta ahora era imposible porque las sociedades de riego no generaban renta suficiente para aprovechar los beneficios COMAP.
El tercer instrumento, incluido en la Rendición de Cuentas en consideración parlamentaria, es la exoneración del Impuesto a la Renta (IRAE) sobre los arrendamientos o servidumbres en las superficies inundadas por represas multiprediales, para hacer más atractivo ceder tierras sin necesidad de venderlas.
A esto se suma una mejora en el régimen tarifario de la UTE. Aguerre señaló que el esquema actual castiga la escala: quienes contratan más de 250 kilowatts pagan un cargo fijo por potencia que casi duplica el de los medianos consumidores, desincentivando la expansión.
La propuesta es elevar ese umbral a 800 kilowatts, incorporar un producto zafral permanente con los descuentos ya existentes en horas punta y punta-llano, y planificar la infraestructura eléctrica desde el arranque de cada proyecto multipredial. "Si estamos en un régimen de promoción, no deberíamos estar castigando el aumento de escala", dijo.
El plan contempla también una ventanilla única digital para tramitar permisos ante el Ministerio de Ambiente y el MGAP de forma simultánea, con extensión futura a COMAP y UTE, y un sistema de acreditación técnica para profesionales especializados en riego, dado que el 98% de la agricultura uruguaya se hace sin riego y la formación agronómica en la materia es escasa.
Proyectos piloto y horizonte económico
Para anclar la estrategia en resultados concretos, el plan impulsa cuatro proyectos piloto de distinto perfil. El más avanzado es la represa del arroyo El Águila, en la zona de Dolores, sobre la cuenca del río San Salvador, con potencial para regar 9.000 hectáreas y varios productores ya manifestaron interés.
La obra civil rondaría los US$ 5 millones, mientras que el valor de la tierra a inundar asciende a US$ 10 millones, lo que ilustra por qué la exoneración sobre servidumbres resulta clave: es muy distinto comprar esas tierras en el año cero que pagarles una renta perpetua a sus propietarios.
También está en análisis la represa Palo a Pique, en Treinta y Tres, con mayor consenso social en torno a eventuales expropiaciones pero costos de obra más elevados. En el sector lechero se trabaja en dos predios del Instituto Nacional de Colonización (INC) bajo un esquema de banco de forraje con agua, en línea con la experiencia de La Casilla, Flores, iniciada en 2016.
Un modelo de equilibrio general elaborado por OPYPA con la Facultad de Ciencias Sociales proyecta que una inversión privada de US$ 900 millones para regar 150.000 hectáreas de maíz elevaría el PIB entre 0,7% y 1,3% en diez años, con aumento en exportaciones agropecuarias, salarios y recaudación tributaria.
En el análisis específico de la represa del Águila, la inversión se recuperaría en siete años. "Si tuviéramos 600.000 hectáreas de maíz bajo riego, seríamos otro país", dijo Aguerre.
Las dudas de los legisladores
La exposición despertó interrogantes en varios frentes. El senador blanco Sebastián Da Silva respaldó el plan pero planteó incorporar las tomas de agua del Río de la Plata y el río Uruguay, zonas con los mejores suelos del país y donde el acceso al recurso hídrico es prácticamente ilimitado. Aguerre no descartó la idea: "No estamos hablando solo de represas; una toma también puede ser la fuente de un proyecto multipredial".
El diputado Carlos Rydström preguntó si los productores que tributan Imeba pueden acceder a los beneficios fiscales previstos. La respuesta fue negativa en lo que respecta a los beneficios COMAP, aunque Aguerre apuntó que quienes incorporen riego aumentarán su facturación y podrían pasar naturalmente al régimen de IRAE.
El senador colorado Gabriel Gurméndez cuestionó por qué el incentivo económico evidente de duplicar o triplicar la producción no ha sido suficiente para que los privados avancen solos. Aguerre explicó que la combinación de plazos de arrendamiento cortos, inversiones indivisibles de largo aliento y la dificultad de coordinar múltiples actores con intereses distintos ha frenado históricamente el desarrollo.
El doctor Enrique Guerra, profesor de Derecho Agrario, agregó que la figura de la asociación agraria de riego, con estructura abierta y fines múltiples, es precisamente la herramienta legal diseñada para superar esas barreras, y dejó planteada la posibilidad de incorporar en la rendición de cuentas una exoneración adicional para servidumbres voluntarias que evite juicios de tres años por el paso del agua entre predios.
El senador Oscar Andrade (FA) consultó si los rendimientos comparados entre riego y secano corresponden a suelos equivalentes. Aguerre aclaró que los datos reflejan suelos agrícolas de similar aptitud y que el efecto del riego no es solo el aumento de producción en años secos, sino la estabilidad que permite invertir más en todos los demás factores productivos, semilla, fertilización y genética, sin el riesgo de perderlo todo en una seca.
La sesión cerró con consenso transversal sobre la urgencia del tema. El presidente de la comisión, senador Aníbal Pereyra, destacó que el riego fue el único denominador común de todos los partidos políticos en la campaña electoral y que el Parlamento está dispuesto a acompañar los cambios normativos que el plan requiera.
